En los últimos días, la política peruana está dando otra vez que hablar, particularmente a través de la figura presidencial y de los representantes del legislativo. Sin sorprender por su carácter inesperado y atrevido, el juego político peruano nos ha enseñado que la desconexión con la ciudadanía puede generar un caos aún mayor. A seis meses de la nueva toma de mando presidencial y con la aprobación de leyes perjudiciales para el bienestar general, ¿Qué es lo que escoden los políticos a la ciudadanía? ¿Puede la economía explicar esta interrogante?
El malestar de la población ocasionado por las decisiones políticas están siendo tomadas se puede vincular estrechamente con la economía a partir del problema del principal-agente o teoría de la agencia. En un ambiente en el que nosotros, como ciudadanos, escogemos a nuestros representantes a través del voto, estos últimos pueden saber más de lo que nosotros pensamos sobre asuntos públicos.
El problema principal-agente se basa sobre la aplicación de un contrato entre el principal (el contratador) y el agente (el contratado). En términos más simples, equivale a una situación laboral en la que una empresa contrata a un trabajador. Sin embargo, este contrato se rige bajo información asimétrica; es decir, el principal no cuenta con toda la información necesaria sobre el agente, específicamente de su esfuerzo y de sus verdaderos intereses.
En específico, se tratan dos problemas:
- Selección adversa: dificultad que enfrenta el principal para descubrir la verdadera naturaleza del agente al seleccionarlo.
- Riesgo moral: el principal, al no observar el esfuerzo del agente al trabajar, se encuentra en una situación riesgosa al posiblemente pagarle más de lo que en realidad merece.
En el caso de la política peruana, sabemos que la toma de decisiones respecto al futuro del país depende de dos partes: la ciudadanía, quien escoge a sus representantes, y estos últimos, quienes ejecutan lo que consideran mejor para la población En un mundo ideal. No obstante, los políticos saben más a detalle cómo funciona su círculo laboral y más cercano dentro del sector público; además, como hemos visto en muchas ocasiones, se dejan llevar fácilmente por intereses privados. Por lo tanto, ciertos representantes políticos toman la posición del agente, el cual está en una posición de superioridad respecto a la ciudadanía, quien representa al principal.
Siguiendo esta línea, la toma de decisiones que involucra tanto a los ciudadanos de a pie como a políticos deja en ventaja a algunos y en desventaja a otros. En concreto, la selección adversa se hace visible cuando hay candidatos que prometen cambios y el votante no identifica las verdaderas intenciones. Además, en muchas ocasiones, los funcionarios públicos actúan discretamente, sin demostrar un esfuerzo alguno por el motivo por el que votaron por ellos: una mejora en el país. De esta manera, la sociedad como principal no tiene pleno conocimiento de las acciones de su candidato: puede depositar mucha más confianza de la que verdaderamente merece y se evidencia el problema de riesgo moral. Como resultado, el votante puede terminar decepcionado de su decisión al identificar una gran brecha entre lo prometido y lo que se está haciendo hasta el momento.
Por otro lado, el agente o el representante político puede justificar su pobre desempeño como resultado de ciertas circunstancias adversas ya sean: la situación internacional, la oposición, etc. Adicionalmente, él sabe que el monitoreo por parte de la ciudadanía hacia cada acción o decisión que tome será costoso, por lo que es usual que tenga comportamientos oportunistas.
Frente a la problemática expuesta, el problema del principal-agente se puede agravar cuando tenemos en cuenta que la ciudadanía se divide en diferentes grupos, cada uno de ellos con diferentes intereses que maximizan su nivel de utilidad o satisfacción. Frente a ello, si el funcionario público quiere mantener su estatus de poder, debe satisfacer los gustos de cada colectivo, lo que da lugar a ciertas preferencias y al clientelismo político.
Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el caso reciente de la ley de autonomía de la SUNEDU. El Congreso de la República aprobó, la primera semana de febrero, el dictamen que permite que los representantes de universidades, tanto públicas y privadas, sean parte del directorio de la SUNEDU. Sin embargo, esto significa que las universidades serían reguladas y a la vez reguladoras. Esto ocurre en un contexto en el que 8 de los 19 miembros de la Comisión de Educación provienen de universidades no licenciadas.
En este caso, se presenta el problema de riesgo moral: los aspirantes al cargo público de congresistas no expresaron en campaña que trabajarían por debilitar la SUNEDU y a la larga, la reforma universitaria. Sin embargo, una vez en el cargo, dan la espalda a miles de electores y empiezan a ser guiados por sus intereses personales cuando en realidad, una ley de esta magnitud limitaría el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad educativa.
En definitiva, el problema del principal-agente identifica el desenvolvimiento de la política peruana y la relación de funcionarios públicos con la ciudadanía a través de promesas incumplidas. Por ello, la toma de decisiones es fundamental para desenmascarar a ovejas prometedoras: traza el futuro del país a manos de nuevos mandatarios. A pesar de ello, es muy importante reconocer que el papel de la ciudadanía no acaba con el voto, sino que sigue un largo trayecto por supervisar a nuestros gobernantes y exigir transparencia y compromiso en cada uno de sus actos.
Edición: Paolo Pró
