Una multa se define como una sanción económica que se establece a un individuo por el incumplimiento de la ley, en otras palabras, un castigo para quien incumpla la norma. Estas están planteadas con la intención de desincentivar una práctica específica. Pero ¿realmente las multas son efectivas? ¿Por qué hay acciones que son penadas con una y aún se siguen practicando? ¿De qué depende la efectividad de las multas? Dichas interrogantes son totalmente válidas y la economía nos puede ayudar a encontrar si son efectivas o no.

Cuando un individuo racional se encuentra en un punto decisorio, realiza una evaluación de costo- beneficio de cada escenario posible; por lo tanto, su decisión se ve determinada por los beneficios netos obtenidos y la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Entonces, ante la decisión de un individuo de actuar en contra de la norma, también ha habido una evaluación de costos donde la multa ha sido considerada. El costo percibido de la multa ha estado determinado por la cantidad de multa establecida y la probabilidad de ocurrencia del escenario en que el individuo es multado.

Basándonos en el artículo de Marcelo Parizot (1989) y tal como se explicó en el párrafo anterior, la efectividad de la multa se determina por la cantidad impuesta y la probabilidad de que se encuentre al individuo incumpliendo la norma. Al tener presentes los dos componentes, para el autor, resultó pertinente realizar un análisis con tres escenarios que llevaron a las siguientes conclusiones:

  1. Una multa alta acompañada de una probabilidad baja de sanción tiene como resultado la efectividad de la multa solo en la población aversa al riesgo; es decir, la multa es utilizada con el fin de prevenir la acción.
  2. Una multa baja acompañada de una probabilidad de sanción alta es percibida como un incentivo a realizar la práctica porque los individuos observan a esta multa baja como el pago de un derecho por la acción que se realiza. Tal como si estuvieras pagando un “peaje” por realizar determinada acción.
  3. Por último, una multa alta acompañada de una probabilidad alta de sanción tiene una efectividad en el total de la población.

Teniendo en cuenta la teoría mencionada, se realizará la evaluación de una multa impuesta en el Perú. La multa en cuestión es la impuesta por arrojar residuos de construcción (desmonte) a las playas o los ríos. Se ha elegido una multa que afronte este problema debido a que, en Lima, el 70% de dichos residuos es dispuesto ilegalmente y, además, se encuentra activo un mercado proliferante de transporte ilegal para el arrojo de estos residuos. Entonces, ahora tenemos un individuo que tiene dichos residuos y tiene dos opciones: seguir la opción normada que es la de contratar un servicio de disposición de residuos de construcción autorizado, el cual involucra el siguiente proceso: transporte, clasificación, valorización y trituración, y que, incluso,  permite el reciclaje de 76.82% de los residuos procesados. O, por otro lado, seguir la opción que incumple la norma, es decir, la contratación de un servicio ilegal que se limita al transporte de los residuos. Si solo tomamos en cuenta los costos hasta este momento, la opción evidente a elegir es la opción que incumple la ley.

Ahora impondremos el costo que implicaría la imposición de la multa, Según el cuadro de infracciones de la Municipalidad de Lima, las personas que arrojen residuos sólidos municipales y no municipales tienen una multa que va desde el 10% hasta 50% de UIT (desde s/ 460 hasta s/ 2300). Cabe mencionar que, al tratarse de una falta, esto podría desembocar en la imposición de trabajo comunitario. Acompañado de esto, según el Plan de Gestión Ambiental 2016-2024, no se ha impuesto un mecanismo efectivo de fiscalización en las playas debido a que este no es percibido por las autoridades como un problema acuciante que lleva a la modificación de los servicios ecosistémicos. Entonces, para este caso, si la multa es baja y la probabilidad de sanción también lo es, no es sorprendente que la medida no sea efectiva en la gestión de los recursos de construcción, pues las personas no tendrían miedo a ser descubiertos practicando una acción ilegal.

En conclusión, al momento de evaluar la imposición de una multa, se debe tener en cuenta la cantidad de multa impuesta Esto para al menos controlar a la población aversa al riesgo, y la probabilidad de sanción. El primer componente resulta muy fácil de cambiar en el corto plazo, pues involucra el cambio de legislación. En cuanto al segundo componente, se tendría que implementar un mecanismo de fiscalización efectivo para aumentar la probabilidad de sanción. Además, es necesario mencionar que, aunque el costo monetario resulta evidente al momento de tomar una decisión, también, deberíamos contar con el costo alto que afronta el medio ambiente.