La violencia de género es un problema social que sigue afectando a millones de mujeres en el Perú. Y sí, hablamos de ese 31%, 59% y 7% de mujeres que han sufrido alguna vez en su vida de violencia física, psicológica y sexual que reciben–respectivamente– por parte de sus parejas (INEI, 2019), las personas en las que más deberían confiar. Dado lo anterior, no es sorprendente el impacto que tiene este problema en el PBI nacional; de acuerdo con la fundadora de Women Doing Business, Natalia Manso, la violencia contra la mujer perjudica un 3.7% del PBI, cifra que duplica el daño generado por la corrupción (Gestión, 2019). Pero, ¿Cómo afecta este perjuicio a nuestra economía? En términos simples, altera los costos y beneficios sociales y, por consiguiente, en la eficiencia social del país.

La violencia de género produce un aumento directo en los costos tangibles. Cuando un caso de violencia es presentado ante las autoridades, el Estado incurre en gastos en servicios de salud, como hospitalizaciones, consultas ambulatorias y atenciones psicológicas. Asimismo, destina también recursos a servicios judiciales si es que la víctima tiene la suerte de acceder a este derecho y en servicios sociales, como, por ejemplo, en caso de un feminicidio, los hijos menores de edad de la víctima deben ser protegidos por el Estado.

También, existen costos directos intangibles. Por ejemplo, una mujer que sufre de algún maltrato ve afectada su salud física y mental, lo cual incrementa los gastos del sector público en el mediano o largo plazo. Una forma de medir ello son los AVISA (Años de vida saludable perdidos), los cuales con una estimación de la pérdida de salud física o mental relacionada con la mortalidad y la incapacidad que generan diversas enfermedades (Minsa, 2020). Eventualmente, el Estado deberá destinar recursos para atender los AVISA generados por la violencia de género contra las mujeres. Un ejemplo de ello es el atender las secuelas de algún tipo de maltrato.

Asimismo, en estas situaciones, existen costos indirectos. Cuando una mujer sufre de algún tipo de violencia en cualquier ámbito de su vida, su productividad se ve afectada. Esto representa un costo tanto para la mujer como para el empleador. Este último debe incurrir en costos de licencias o en contratar a un reemplazo en caso la mujer se ausente o renuncie. Ello representa una desaceleración en la operatividad y generación de ingresos para la empresa. Por consiguiente, si escalamos este efecto a los miles de negocios que existen en el Perú, la violencia de género desencadena una desaceleración de la producción nacional.

Otro costo indirecto de la violencia de género recae en los hijos de las mujeres violentadas. Como señala Natalia Manso, existe un impacto intergeneracional de la violencia: los niños de las mujeres afectadas suelen tener mayores tasas de deserción escolar y de ausentismo (Gestión, 2019). Es decir, la violencia de hoy termina comprometiendo el capital humano del futuro y, por ende, el crecimiento económico de largo plazo.

Respecto al componente de los beneficios sociales, la violencia de género ocasiona un detrimento en los ingresos de las mujeres. Un ejemplo claro de ello es la brecha salarial, pero antes de que algún macho diga que ha visto mujeres que ganan más que los hombres, déjame decirte que hablamos de promedios nacionales #ShutUp. Esta diferencia no solo es explicada por los estereotipos de género, como señala Arlette Beltrán, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), las mujeres acumulan menos capital, ya que alcanzan menores años de escolarización, y mayores tasas de deserción escolar y universitaria por motivos de embarazo o por la priorización en las tareas del hogar.

El 32% de los hogares peruanos tiene como jefe de hogar a una mujer (INEI, 2019), por lo que la brecha salarias y, por ende, los bajos ingresos de estas últimas podrían representar un menor presupuesto para un tercio de los hogares del país. Con alta probabilidad, estas familias no podrán invertir adecuadamente en su capital humano, lo cual compromete a su calidad de vida y al crecimiento a largo plazo del Perú.

Por lo tanto, la violencia contra la mujer genera pérdidas de eficiencia social. La caída de la productividad de la demanda femenina de trabajo, así como los costos en que incurren las empresas y hogares, consumen recursos cuyo costo de oportunidad es haber sido destinados a actividades que fortalezcan el crecimiento de largo plazo del Perú.

En conclusión, la violencia de género es un problema social que afecta a las mujeres, la sociedad, la salud pública, la economía, y la productividad en el largo plazo, por lo que no hacer nada, cuesta caro. Por esa razón, se requieren nuevas y mejores políticas en la gestión de la salud física y mental, la brecha salarial y, sobre todo, en el enfoque preventivo de la violencia contra las mujeres.

Edición: Claudia Barraza